Recientemente, eventos intrínsecamente relacionados con la prevención, investigación y persecución penal de la delincuencia organizada han mostrado una serie de debilidades y deficiencias de las instituciones del Estado que no fueron superadas, en automático, con las reformas constitucionales de cuño reciente ni con las adecuaciones normativas de que fue objeto la ley de la materia con este propósito. En contraste, el autor hace el recuento y desarrollo de una serie de medidas cautelares y técnicas especiales de investigación a las que se puede recurrir en la indagación de la delincuencia organizada y otros delitos de acreditación compleja, que permiten elevar el estándar probatorio, asegurar la presencia del imputado en el juicio y proteger a los diversos participantes en el procedimiento penal, siempre que su implementación se sustente en los principios de actuación recomendados por las instancias internacionales y se rija por un marco normativo interno claro y suficiente que genere certeza jurídica al gobernado y limite los excesos de los operadores del sistema penal responsables de su autorización y ejecución.