En 2013 la Suprema Corte de Justicia del Uruguay trasladó a la jueza Mariana Mota de la órbita Penal a la Civil. Este hecho, según los autores de este trabajo, fue la consecuencia más evidente y dramática de la elaboración y aplicación del relato de la impunidad. Ese relato, según Cardoso y Liscano, empezó a elaborarse en 1985, apenas recuperada la democracia. Hubo momentos en que ocupó el centro de la vida política del país y en otros pareció que nadie se ocupaba de él. Los autores sostienen que la elaboración del relato nunca se detuvo. Participaron de la tarea políticos blancos y colorados, algunos de ellos destacados militantes de la dictadura, periodistas, empresas periodísticas, académicos, grupos de profesionales. Más adelante, el relato se enriqueció con los aportes de tupamaros expresos políticos, dirigentes del Frente Amplio en el gobierno. Este relato ha sido efectivo para perpetuar la impunidad a lo largo de los años, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar que asoló al país entre 1973 y 1985.