Puede definirse como prácticas antisociales basadas en el acoso y abuso
para forzar que alguien se vaya de su casa, independientemente de que
ésta sea propia o arrendada. La picaresca y artimañas son variadas: desde
inducir la entrada de okupas en el edificio o de vecinos perturbadores, a la
negativa del arrendador de cobrar la renta, pasando por la falta de higiene
y de mantenimiento de la vivienda o del edificio, con cortes en los
suministros básicos de agua y luz. El objetivo no es otro que desahuciar al
arrendatario bajo una falsa apariencia de legalidad, convencerle para que
él mismo abandone la vivienda o minar su paciencia e integridad moral,
prácticas todas ellas que constituyen fraude y delito.
Se trata de un fenómeno social muy reciente que aún no ha sido muy
estudiado por la doctrina pero que, lentamente, va apareciendo en nuestra
legislación y jurisprudencia con distintas denominaciones: hostigamiento,
asedio, acoso o mobbing inmobiliario (algunos autores mantienen el
anglicismo blockbusting).