El objeto del presente texto es estudiar de qué manera reconoce el Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los Derechos Humanos. El proceso penal advierte una nueva visión de justicia penal en relación con el papel que ejerce el órgano acusador, el Ministerio Público cuenta con atribuciones de persecución del delito y ejercicio de la acción penal encaminadas a garantizar la seguridad jurídica del proceso. Con relación a las partes del proceso, encontramos un modelo de justicia más respetuoso de las garantías procesales; asimismo, se constata de manera muy positiva que el diseño determinado para el proceso se ve revestido por los derechos de presunción de inocencia y dignidad humana. Si bien, aunque fue aprobado un sistema garantista, a contrario sensu en el proceso penal existen limitaciones constitucionales en materia de DH, se trata de la pugna que existe entre derechos individuales frente a la expresión del interés de la comunidad, en este caso, la seguridad pública. El legislador constituyente diseñó el subsistema de derechos fundamentales y sus límites, al igual que lo hizo el legislador ordinario con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.