Desde el año 2003 venimos asistiendo a un endurecimiento progresivo del Código penal que ha culminado con la última gran reforma de 2015 que incluía la prisión permanente revisable. En todas estas reformas, el legislador ha utilizado el argumento de una sociedad que reclama penas más duras, sin sustento científico alguno, apoyándose en la idea del populismo punitivo. Además, se ha utilizado a las víctimas como arma arrojadiza, que se han convertido en peldaños de una escalera para llegar al mayor nivel de castigo posible, la cadena perpetua. La escalada punitivista iniciada con el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que en algunos casos daba lugar a una cadena perpetua de facto, ha acabado convirtiéndose en una cadena perpetua de derecho, bajo el nombre de prisión permanente revisable. Una pena sobre la que sigue pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar numerosos preceptos de la Constitución. Una pena que parte de la idea de sujetos irrecuperables, a los que hay que apartar de la sociedad. Una pena que deja de reconocer derechos fundamentales a aquellas personas que han cometido delitos especialmente graves. Una pena al fin y al cabo que nos ha hecho retroceder como Estado Social y Democrático de derecho.