El Ministerio Fiscal es el Órgano estatal encargado de promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a instancia de los interesados, así como de velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal actúa bajo el principio de unidad de actuación, con dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Entre otras actuaciones, ha de presentar querellas contra presuntos delincuentes, defender, en ocasiones, a menores e incapaces, intervenir en procesos sobre el estado civil y condición de las personas, así como en procesos sobre derechos fundamentales, en defensa de la legalidad, promoviendo conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia, intervenir en procesos constitucionales, etc.

Debe actuar con imparcialidad, bajo los principios orgánicos de unidad y dependencia jerárquica, siendo su cabeza el Fiscal General del Estado. Éste es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.