Enormes pérdidas económicas, ambientales y humanas se generan de forma intencionada o por negligencia. Incendios forestales y verano se han convertido, lamentablemente, en términos inseparables. Las estadísticas revelan que la mitad de los incendios registrados cada año en nuestro país se producen en julio y agosto. Según Greenpeace, en la década de los 90 se produjeron una media de 18.000 incendios al año. Aunque el área media y total incendiada está disminuyendo gracias a la mejora y ampliación de los medios de extinción, el número de incendios crece cada año. , esta tendencia se debe a factores estructurales, como el abandono del campo motivado por el éxodo rural, con un incremento de la biomasa en los ecosistemas que aumenta el riesgo de combustión y la permanencia de la costumbre, en los ámbitos rurales, de quemar rastrojos y pastos.

A pesar de que la naturaleza cuenta con sus propios mecanismos para recuperarse tras la acción del fuego, la intensidad y reiteración de los incendios están afectando a bosques y fauna, que pueden necesitar hasta 120 años para recuperarse, siempre que no hayan quedado irreversiblemente afectados. El fuego reiterado merma la capacidad de la vegetación de recolonizar el terreno, y los animales que no han muerto migran a otras zonas. La erosión, por su parte, genera suelos cada vez menos productivos y más áridos y se incrementa el riesgo de inundaciones y sequías. El nuestro es el país europeo más amenazado por la desertización: 15 millones de hectáreas se hallan en situación de riesgo "alto" o "muy alto".

La defensa contra incendios forestales es competencia de las comunidades autónomas, y el Ministerio de Medio Ambiente tiene encomendada la coordinación de las actividades de lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción, a pesar de que el presupuesto para la prevención de los incendios aumenta cada año, continúa siendo insuficiente. Asimismo, según datos ofrecidos por las diferentes comunidades, los presupuestos varían mucho de unas autonomías a otras.