La promoción de la diversidad cultural y lingüística es un objetivo prioritario de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Efectivamente, de acuerdo con su exposición de motivos, dicha ley busca garantizar «los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico –que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus distintas lenguas– (...)». En particular, el artículo 5, dedicado al derecho a la diversidad cultural y lingüística, establece las líneas generales del sistema mediante el cual se articula la protección de una programación que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía.

La Constitución española de 1978.
Título preliminar
Artículo 9

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.