Los servicios que presten las agencias de colocación son gratuitos para los trabajadores, deben atender a todas las personas desempleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo. Así queda establecido en Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Esta normativa establece el régimen jurídico y los procedimientos para que las agencias de colocación puedan colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación, con la preservación del carácter público de la misma.

La regulación de las agencias de colocación tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante una coordinación más eficaz entre agentes públicos y privados de intermediación. Con ello, "se fomenta mayores oportunidades de acceso a un puesto de trabajo de las personas desempleadas", persigue disponer de agencias de colocación potentes y eficaces que contribuyan, junto con el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, a casar ofertas y demandas laborales de forma más efectiva.

Las agencias de colocación pueden ser públicas o privadas, e intermediarán con los Servicios Públicos de Empleo a través de la firma de convenios de colaboración o de forma autónoma pero en coordinación con ellos. Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equivalente de las comunidades autónomas, en función de la ubicación del centro o los centros desde los que desarrollen su actividad. Pueden realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección de personal.

"Las empresas de inserción son un instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social". Las empresas de inserción son iniciativas que combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral en la misma compañía. Nacen como un instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social y, según la ley que las regula, deben procurar a los trabajadores un acompañamiento que garantice la recuperación de las habilidades sociales y laborales básicas en un plazo máximo de tres años. Este acompañamiento ha de permitir el acceso al mercado de trabajo ordinario o normalizado. Cuando firman un contrato de inserción en la empresa tienen la oportunidad de recuperar sus habilidades sociales y laborales para acceder al mercado de trabajo normalizado, los objetivo es que todas las personas finalicen su proceso de inserción social y laboral logrando su acceso al mercado de trabajo ordinario. Pero esto, sobre todo en los últimos años, se ha convertido en una misión muy difícil por la realidad del mercado laboral. No hemos logrado la estabilidad en el empleo ordinario de todas estas personas, aunque han accedido a contratos temporales y mantienen su situación "normalizada" en cuanto a tratamientos específicos, relación con la familia o conocimiento de los procesos de búsqueda activa de empleo, es decir, continúan activos en su proceso de integración. Potencian la formación de los trabajadores para mejorar su grado de cualificación, apuramos los periodos máximos de contratación, establecidos en tres años para las empresas de inserción, y llegan a acuerdos con compañías para la realización de prácticas una vez finalizado el contrato en la empresa de inserción.

El proceso de acompañamiento social que se realiza individualmente es clave en el éxito. El mercado de trabajo actual excluye a determinadas personas que, sin una oportunidad de empleo protegido, no logran normalizar su situación, en cuanto a disponer de autonomía, obtener ingresos, recuperar hábitos de relación en el trabajo, gestionar bien sus ingresos y recuperar un lugar digno de alojamiento. En definitiva,...