La industria inmobiliaria sufre el peor embate de su historia. La crisis ha puesto contra las cuerdas al sector de la construcción. Ante este panorama la tasación de viviendas (o valoración de inmuebles, como se conoce técnicamente) se encuentra en sus horas más bajas. Las tasaciones inmobiliarias, obligatorias para todo aquel que desee comprar un inmueble y recomendables para quien quiera vender o vaya a heredar, son imprescindibles a la hora de adquirir una vivienda, ya que del informe que firme el tasador dependerá la cantidad que el banco preste para financiar la compra. La entidad constata así que el crédito no supera el valor de la vivienda.

Sin embargo, las personas que se subrogan en un préstamo hipotecario quedan eximidas de la obligación de tasar la vivienda. Tampoco es necesaria cuando la cantidad solicitada al banco es inferior -según criterio de la entidad financiera- al valor del inmueble. En este caso, los expertos recomiendan negociar con el banco o caja la posibilidad de obviar la tasación o que ésta corra a cargo de la entidad financiera.

Salvo en estos casos, cualquiera que sea capaz de acceder al crédito que las entidades financieras se empeñan en restringir deberá obtener este certificado antes de solicitar el préstamo. La tasación hipotecaria es un trámite obligado por ley y tiene un coste que oscila entre los 250 euros de media que cobran las sociedades de tasación y los 500 exigidos por un agente de la propiedad inmobiliaria (API) colegiado. Estos últimos sólo realizan tasaciones informativas, administrativas y judiciales o valoraciones de mercado (requeridas en asesoramientos, compraventas, constitución o división de sociedades gananciales, herencias y divorcios). Nunca para las hipotecas.