Internet es una parte del entorno civil donde los ciudadanos realizan actividades sociales y comparten información. Por tanto, las mismas legislaciones pensadas para el entorno físico también son extrapolables al entorno digital. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo desarrollan legislaciones destinadas a un control férreo de la Red como una forma de luchar contra delitos como el terrorismo, las ciberamenazas o la pornografía infantil. El problema de estas medidas, a pesar de sus honestas intenciones, es que restringen la libertad individual y violan la intimidad de las comunicaciones entre las personas.

Después de la lucha de la sociedad civil contra las diferentes medidas tomadas a nivel internacional para salvaguardar la propiedad intelectual en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el nuevo frente está en evitar la adopción de medidas gubernamentales para tener un control más férreo del ciberespacio y de las actividades que los ciudadanos realizan en las redes sociales.

Hasta ahora, la interceptación y monitorización de las comunicaciones de los ciudadanos han requerido la aprobación expresa de un juez, pues estas están protegidas por diferentes derechos fundamentales. En España, derechos como la vida privada, el secreto de las comunicaciones, la intimidad personal o la protección de datos solo pueden ser invalidados por una orden judicial en el transcurso de una operación policial amparada por el código penal. Violaciones de estos derechos sin causa se consideran muy graves y han costado la carrera a jueces destacados.

Sin embargo, los gobiernos, democráticos y dictatoriales, se plantean ahora relajar las restricciones a la vulneración de tales derechos. Argumentan que el objetivo es mejorar la seguridad de los ciudadanos y aseguran que los datos almacenados permanecerán seguros y lejos de usos comerciales o represivos. Pero tal explicación no convence a decenas de asociaciones de derechos civiles y activistas, entre los que se encuentran los principales desarrolladores y creadores de Internet.

La sensación es que caminamos hacia un escenario propio de la novela de George Orwell "1984", en la que un ojo onmipresente lo espiaba todo en nombre del poder máximo, el Gran Hermano. Orwell reflejaba así la pesadilla que vivían millones de ciudadanos en la órbita de los países comunistas bajo el terror de Stalin. Los activistas creen que dicha pesadilla puede renacer ahora bajo el "terror de los mercados financieros y sus intereses".

La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional.

Entre los elementos más característicos de esta nueva situación figuran el desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información, la facilidad y flexibilidad de su transmisión en diversos soportes, la generalización casi universal de su uso y la accesibilidad global a las diversas herramientas y redes. Todos estos rasgos facilitan el intercambio ágil y flexible de información en las sociedades modernas.

Al mismo tiempo, la elaboración, conservación y utilización de determinada información por parte de la Administración es necesaria para garantizar su funcionamiento eficaz al servicio de los intereses nacionales.

En consecuencia, la Administración debe dotarse de los medios adecuados para la protección y control del acceso a dicha información, y ha de regular unos procedimientos eficaces para su almacenamiento, procesamiento y transmisión seguros por medio de sistemas propios.

Razones de eficacia, economía y coherencia administrativa...