El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como fenómenos universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la economía internacional y la paulatina eliminación de barreras a los intercambios a nivel mundial. Siendo así, la respuesta que la comunidad internacional ha de ofrecer a este fenómeno, debe ser coordinada y global.

La política de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se ha venido desarrollando en España en consonancia con la evolución de los estándares internacionales en esta materia. Unos estándares en cuya configuración España ha colaborado activamente, a través de su participación como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde su fundación en 1989. Precisamente, el intenso compromiso con la elaboración de las nuevas Recomendaciones de GAFI y su posterior aprobación en febrero de 2012 ha llevado a la adopción de diferentes iniciativas en el ámbito normativo tendentes a incorporar a nuestro Ordenamiento las novedades contenidas en las mismas.

Las operaciones en metálico dentro de España tienen un límite, y la entrada y salida de dinero del país también. Cualquier persona podría imaginar que es libre de disponer del dinero ahorrado durante toda su vida y dirigirse con una suma considerable a una inmobiliaria para pagar en efectivo la compra de un piso y asegurarse un bien inmueble determinado, al margen de la inseguridad que implique esta iniciativa. Del mismo modo, un jefe de compras de una empresa, en una situación de apuro, puede pensar en reponer maquinarias abonando su coste en metálico para acelerar su traslado e instalación.

Los objetivos las normativas consisten en obstaculizar que el dinero "en negro" -procedente del tráfico ilegal, principalmente- pueda ser blanqueado a través de operaciones aparentemente legales. Trabajar en la economía sumergida repercute de manera negativa en la posibilidad de realizar infraestructuras, dar servicios o pagar subsidios.