Los más de 800.000 trabajadores agrarios inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) que había en 2011 se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, lo que supuso la equiparación de las prestaciones que recibían con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena, tal como establecía el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de abril. El Ejecutivo destacó que este proyecto de ley respondía a "una reivindicación histórica de los trabajadores del campo" y fue fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales. También aseguraba que la integración en el Régimen General de la Seguridad Social "supuso un incentivo para el desarrollo y la creación de empleo en el sector agrario". Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, explicaba que "la principal novedad es que los trabajadores ya no cotizarán por una base tarifada igual para siempre, sino por su salario real, y su pensión se corresponderá con el salario real que han percibido en las empresas en las que haya trabajado".

Al igual que se hizo con los agricultores por cuenta propia que se integraron en el Régimen de autónomos el 1 de enero de 2008, la integración de los trabajadores agrarios en el Régimen General se hizo por medio de la creación de un sistema especial dentro del Régimen General que mantiene la especificidad de este grupo.

El Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), su antigua denominación, es un plan de subvenciones a los ayuntamientos de varias comunidades autónomas, para realizar inversiones en el mundo rural. ​

Fue establecido en 1986 por el Gobierno de España durante el mandato de Felipe González con el nombre de Plan de Empleo Rural y en sustitución del llamado "empleo comunitario". El PER estaba destinado a las comunidades de Andalucía y Extremadura para que contratasen a trabajadores eventuales agrarios (jornaleros) en paro y facilitar así un periodo de empleo y el acceso a un subsidio especial de desempleo.

En diciembre de 1996 como consecuencia del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) pasó a llamarse Plan de Fomento del Empleo Agrario y pasó a aplicarse a más comunidades autónomas, aunque Andalucía y Extremadura copan el 86,5% de las ayudas..​