Las distintas normativas autonómicas que han proliferado en los últimos años para regular el sector del comercio minorista se encuentran, a priori, en una situación de primacía respecto a la ley estatal. Así lo considera el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que aporto su punto de vista a la polémica generada tras la publicación de un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) -órgano administrativo dependiente del Ministerio de Economía-, en el que se afirmaba que la disparidad de normas existente propicia prácticas discriminatorias que distorsionan el libre juego del mercado e incluso podrían vulnerar el principio constitucional de igualdad.

Dada la importancia de la cuestión y su posible repercusión sobre la economía nacional, los doce miembros del órgano máximo intérprete de la Carta Magna participaron en el debate y posterior resolución sobre el ajuste constitucional de las leyes 7/1996 y 271996 sobre Ordenación del Comercio Minorista. La controversia fue tal que, a pesar de respaldar el contenido básico del fallo de sus colegas (dictado el pasado 19 de junio), cinco magistrados plantearon sendos votos particulares sobre cuestiones formales, donde vienen a respaldar las tesis gubernamentales en este caso.

Con carácter general, desde el TC se resalta la competencia "exclusiva" de las comunidades autónomas sobre comercio interior, que les concede plenas facultades "ejecutivas" salvo en los casos en que su actuación supere el territorio que las corresponde y afecte al mercado supracomunitario.

En este sentido, el fallo citado abunda en la idea de que dicha atribución, otorgada a las distintas regiones por sus respectivos estatutos de autonomía, "no puede resultar enervada por la legislación del Estado", y en modo alguno se puede dudar de forma general sobre su constitucionalidad sin entrar en un análisis concreto norma por norma, y caso por caso.

Así, por ejemplo, los magistrados sostienen que una ley autonómica que somete a licencia municipal la apertura de un establecimiento comercial "no supera los límites de la competencia regional sobre comercio interior y es una medida tradicional de nuestro ordenamiento jurídico". No obstante, al mismo tiempo entienden "incuestionable" la competencia estatal para dictar una normativa básica en esta materia siempre que se trate de una "ordenación general de la economía".

Desde el TC se considera plenamente constitucional la posibilidad de que el TDC emita un informe no vinculante como trámite para otorgar o denegar la licencia de apertura de los grandes establecimientos por parte de la Administración regional, pero sólo si su instalación en la zona de que se trate "puede alterar la libre competencia en un ámbito suprautonómico".