La ley 32/2010, de 5 de agosto, que establece por primera vez un sistema de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos, supuso un paso en la equiparación de estos con los empleados por cuenta ajena. Es una antigua reivindicación de todas las organizaciones y asociaciones de estos profesionales que ya se ha hecho realidad. La duración de la prestación variará en función de los periodos de cotización realizados en los 48 meses anteriores al cese de actividad. De ellos, al menos 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la inactividad.