La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 considera como tal a las personas que sufren una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Como consecuencia de esta situación, las personas refugiadas se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden, o no quieren, acogerse a la protección de éste. Ni siquiera desean regresar a él por temor a represalias. En su lugar, huyen a los países del entorno para solicitar asilo o se ven abocadas a una situación de ilegalidad obligada porque nadie les concede ese derecho.