La Ley Concursal establece un procedimiento judicial único, que consiste en reunir a todos los acreedores de una persona o empresa en dificultades económicas para, después de analizar su situación financiera, renegociar con ellos un acuerdo de pago de las deudas.

La norma, en el mejor de los casos, permite resolver los conflictos en cuatro o cinco meses, una vez que se solicite el concurso voluntario (presentado por el deudor) o el concurso necesario (presentado por el acreedor).