El 14 de agosto de 2010 un acontecimiento noticioso abarcó gran parte de la prensa televisiva y los medios de comunicación escritos: una investigación de cinco años, a cargo del recién nombrado fiscal Alejandro Peña, llegaba a su fin. Catorce chilenos acusados de conformar una asociación ilícita terrorista eran detenidos en casas okupas y domicilios particulares bajo la mirada complaciente del Gobierno por el éxito de lo que se conocía como Operación Salamandra. Ocho meses después, el 75% de las pruebas presentadas en la formalización sería rechazado por el juez, y la mitad de los testigos y peritos, descartados.