La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática como la nuestra que está regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica. Aunque bien sabemos que las leyes no son expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar. Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo del magistrado Carlos Ramos Núñez, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. En este nuevo libro, el autor ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece. El jurado de imprenta se dedicaba a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo.