A pesar de la heterogeneidad casuística existente, que representa América Latina en relación al papel desempeñado por las Fuerzas Armadas -su dedicación y empleo (o la decisión de no hacerlo)- en la lucha contra la delincuencia organizada, resulta factible identificar la superación del paradigma clásico constitucional de intervención excepcional en favor de nuevas opciones. En concreto, esta atribución competencial genera, a día de hoy, no pocas controversias, así como importantes repercusiones a nivel constitucional. Defensores y detractores esgrimen razones y argumentos para defender el rol que se desea otorgar a las Fuerzas Armadas (o arrogarse estas mismas, según cada caso), como proveedoras de seguridad frente al crimen organizado. Su inicial empleo en la confrontación contra el tráfico de drogas ha propiciado el debate sobre su plena inmersión en la lucha contra toda tipología de delincuencia organizada, más allá de episodios de excepcionalidad constitucional, lo cual ha generado, de facto, diversos escenarios. Se pretende hacer una reflexión al aire de los pros y contras que se derivan de la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad organizada, extraídos del análisis casuístico de los principales escenarios vigentes en Latinoamérica, tratando de identificar cuál de todos los posibles marcos de actuación marcará la tendencia en la escena regional, acerca de cuál debe ser el compromiso de las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada y cómo debería materializarse, en aras de alcanzar las mayores cuotas de calidad democrática.