La presencia de la normativa de la Unión Europea es cada vez más acentuada en la ordenación de la vida económica y social de sus Estados miembros. De acuerdo con esta tendencia, las dudas sobre la aplicación e interpretación de disposiciones del ordenamiento jurídico europeo han ido igualmente en aumento. Ello se hace especialmente patente en el ámbito de la litigiosidad, pero también en otros, como por ejemplo en la práctica administrativa. Con la finalidad de que sean resueltas esas dudas, en la actualidad llegan numerosas peticiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Sus instantes son no solamente juzgados y tribunales estatales, sino también entes de naturaleza muy variada, encargados de aplicar y hacer efectivo el Derecho europeo, tales como órganos arbitrales o administraciones públicas. Es precisamente esta proliferación de las cuestiones prejudiciales la que obliga a todos los operadores jurídicos, e incluso a los particulares, a dotarse de herramientas que permitan hacer frente al procedimiento y actuar ante el Tribunal de Justicia de la forma más eficaz y segura posible.