Con este trabajo se ha intentado despejar un capítulo importante de los costes económicos y sociales que supuso la guerra civil española. A los detenidos y acusados por rebelión y desafección, se les requisaron e incautaron preventivamente sus bienes, actuaciones que se convertían en definitivas cuando los tribunales populares de lo Penal dictaban sentencia y el de Responsabilidades Civiles imponía la sanción correspondiente.