El crecimiento exponencial del mercado de apuestas deportivas, a través de plataformas en línea, ha transformado el ecosistema del deporte moderno. Si bien esta industria ha generado ingresos significativos para ligas, clubes y operadores regulados, también ha dado lugar a una serie de prácticas ilícitas que comprometen gravemente la integridad de las competiciones.

Una de las manifestaciones más delicadas de esta problemática es la provisión de información privilegiada —no accesible al público— a casas de apuestas, la cual es utilizada para manipular cuotas, alterar resultados indirectamente o generar ventajas competitivas desleales en los mercados de juego.

La transmisión indebida de información reservada relacionada con la salud de los jugadores, alineaciones, decisiones técnicas, designaciones arbitrales u otros aspectos estratégicos, constituye una forma encubierta de corrupción deportiva que, en muchos casos, opera con total impunidad debido a vacíos legislativos, falta de tipificación específica o escasa capacidad investigativa. Este fenómeno, además, no se limita a actores individuales, en numerosas ocasiones involucra estructuras organizadas que utilizan intermediarios, plataformas no reguladas y mecanismos transnacionales para dificultar su detección y persecución.

Frente a esta situación, se hace imprescindible el diseño de un marco normativo claro, técnico y eficaz que permita sancionar penal y administrativamente la entrega de información deportiva confidencial con fines de lucro o manipulación indirecta de apuestas. Esto incluye la definición legal de información privilegiada deportiva, la identificación de los sujetos obligados a reserva, la diferenciación entre operadores legales e ilegales, así como la introducción de medidas de prevención, investigación, cooperación internacional y responsabilidad de terceros.

El presente trabajo aborda de forma integral esta problemática, proponiendo lineamientos jurídicos, técnicos y éticos para enfrentarla. A partir de un enfoque multidisciplinario, se analizan las limitaciones actuales del sistema penal, la necesidad de reformas legislativas específicas, los riesgos emergentes en la era digital y las herramientas que deben implementarse para proteger no solo la integridad de los eventos deportivos, sino también la transparencia del mercado de apuestas y la confianza del público en la equidad del deporte.