Los procesos de recuperación de la memoria de la historia reciente son un componente esencial de la configuración y desarrollo de toda sociedad democrática. Éstos son especialmente importantes para la constitución de identidades colectivas y el fomento de ciudadanías abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su pasado. En este sentido, el derecho internacional ha sido un eje vertebrador en la configuración del derecho a la memoria democrática. Textos fundamentales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006) y diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han consolidado la exigibilidad de justicia y reparación ante la comisión de crímenes de lesa humanidad, situando a la memoria democrática en el centro del debate jurídico contemporáneo.