En los últimos años, la acelerada evolución tecnológica en el ámbito del transporte ha traído consigo importantes avances en eficiencia energética, seguridad vial, reducción de emisiones y desarrollo de sistemas de movilidad más inteligentes. Desde la electrificación del parque vehicular hasta la implementación de normas ambientales más estrictas, los cambios han sido promovidos como necesarios para enfrentar la crisis climática y modernizar las ciudades. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a un fenómeno ambivalente: la persistencia tecnológica.

La persistencia tecnológica, lejos de ser un simple rezago, representa una realidad compleja donde tecnologías anteriores como los vehículos de combustión interna antiguos continúan siendo ampliamente utilizados por razones económicas, culturales o prácticas. Frente a ello, las políticas públicas imponen estándares técnicos cada vez más exigentes que, si bien buscan mejorar la calidad del aire y reducir la huella ecológica del transporte, también generan efectos colaterales preocupantes: la exclusión y estigmatización de quienes no pueden adaptarse a ese ritmo de cambio.

Este proceso de modernización, al centrarse casi exclusivamente en parámetros técnicos, ha derivado en regulaciones que criminalizan el uso de vehículos viejos, etiquetándolos automáticamente como contaminantes, inseguros o ineficientes. Estas políticas se diseñan sin contemplar alternativas de transición viables, ignorando las realidades sociales de quienes dependen de estos vehículos para trabajar, desplazarse o subsistir. Medidas como restricciones de circulación, multas o la pérdida de beneficios fiscales, terminan afectando de forma desproporcionada a sectores populares, trabajadores independientes, comunidades rurales o urbanas periféricas, y adultos mayores.

En este contexto, se vuelve urgente reflexionar sobre los principios éticos que deben guiar la transformación tecnológica del transporte. No se trata de oponerse al progreso, sino de garantizar que este sea equitativo, justo y no excluyente. Por ello, surge la necesidad de establecer un código de ética que oriente las políticas públicas hacia una transición inclusiva, en la que el derecho a la movilidad, la sostenibilidad ambiental y la justicia social no se contrapongan, sino que se integren de forma armónica.

Este código tiene como objetivo sentar las bases para una ética de la innovación que reconozca las desigualdades existentes y promueva soluciones accesibles para todos los sectores sociales. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro sostenible que no deje a nadie atrás.

En el libro se presenta una serie de tipologías y reflexiones finales.