La detención preventiva más que cualquier otra institución jurídica, más quizás que la propia pena, pone en peligro los derechos fundamentales y la seguridad jurídica. Esta medida que se aplica a quien por mandato constitucional debe ser considerado inocente y tratado como tal, se ubica en el campo de tensión entre el deber estatal de perseguir el delito y el deber estatal de salvaguardar los derechos fundamentales. Por esta razón, la labor de regulación y aplicación de la prisión provisional resulta ser una actividad compleja y quirúrgica, pues se trata de conciliar dos propósitos constitucionales de difícil sincronización. La manera como se resuelva este conflicto, revelará la vocación democrática o autoritaria del Estado. En consecuencia, en el Estado Constitucional el gran escollo de la detención preventiva no está en su existencia como tal, sino en su configuración legal y desarrollo judicial respetuoso de la dignidad humana y los derechos fundamentales. En este orden de ideas, el tema de este escrito se concentra en los fines de la prisión preventiva, concretamente, la causal de "peligro para la comunidad" prevista en la legislación procesal colombiana. Se trata de evaluar dicha finalidad desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para determinar su "compatibilidad" con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte IDH.