Hace ya más 30 años Colombia apretó el acelerador a un incipiente proceso de descentralización que para la época ya llevaba varias décadas. En ese momento se consagro la elección popular de alcaldes, se fortalecieron los concejos y los mecanismos de participación ciudadana; también se adelantó un audaz proceso de descentralización fiscal estableciendo un sistema de distribución a los municipios de los recursos generados por el impuesto al valor agregado y modernizando a la vez, el esquema tributario propio de estas entidades territoriales como son los impuestos predial y de industria y comercio; y, complementariamente se gestionó una reforma administrativa que desmontó entidades nacionales cuyas funciones y recursos fueron transferidos a los niveles subnacionales. Se trataba de llevar el Estado y la democracia a las regiones y a los más recónditos sitios de la geografía nacional. Este proceso descentralizador en algunos aspectos, se fortaleció con la Constitución de 1991, pero también se abrieron las puertas para la confusión en temas como el ordenamiento territorial, las funciones y competencias del ente intermedio entre la nación y los municipios, la función de tutela del proceso a cargo de entidades nacionales y la descentralización por servicios. Fragmento tomado de la Introducción de esta obra