Considerando como problema que en el marco del mundo actual, aun con fuertes postulados constitucionales de garantía de derechos existentes, los Estados se han debilitado estando al servicio de la economía y las grandes corporaciones, donde en muchas ocasiones su actividad administrativa, legislativa y judicial se ha desarrollado con el fin de lograr un marco jurídico que brinde seguridad y facilite las libres actuaciones para los proyectos de desarrollo; contexto este al que no ha sido ajeno Colombia y ante el cual, en el desarrollo de dichos proyectos, principalmente los extractivos, las comunidades más vulnerables son las que con regularidad se han visto afectadas en sus derechos fundamentales transformando sus formas y medios de vida.