Posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%, dentro de este porcentaje, la Amazonía es la región con mayor afectación en el país. Ante esto, desde 2018 el Estado ha implementado diferentes estrategias normativas y de política pública para el fortalecimiento institucional para el control a la deforestación, con resultados exiguos y con grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias diseñadas? ¿cuáles son los factores que obstaculizan la eficacia en su cumplimiento? Y ¿cuáles son los riesgos para los derechos humanos que pueden traer la aplicación de estas estrategias de control? Estas preguntas son las que orientan el presente análisis de política pública, con el propósito de identificar posibles ausencia y debilidades en su proceso de implementación y ofrecer así, recomendaciones para fortalecimiento de su actuación en un marco de protección de los derechos humanos.