En los últimos años el fenómeno migratorio se ha convertido en un asunto de primer orden en el debate internacional. Los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales se enfrentan a un gran desafío: conseguir un equilibrio entre el respeto a sus compromisos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos de los inmigrantes y solicitantes de asilo y la necesidad de proteger sus intereses a través de sus políticas nacionales de extranjería y control de fronteras. Y es que, nadie puede negar, que el debilitamiento del Estado de derecho, así como la falta de vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales en determinadas regiones del mundo han sido (y son) las causas estructurales de las migraciones sur-norte y sur-sur. A éstas hay que sumar las derivadas de recientes acontecimientos, como los conflictos armados, las transformaciones económicas o la creciente amenaza del cambio climático. Circunstancias todas ellas que han dado lugar a un aumento exponencial de los flujos de migrantes internacionales y desplazados internos en los últimos años.