Vivimos en una era marcada por la intersección de crisis de proporciones inusitadas, donde la pandemia de COVID-19 y el conflicto armado en Ucrania han exacerbado la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, dando lugar a un aumento alarmante de personas en situación de inseguridad alimentaria. Esta coyuntura revela la presencia de una crisis estructural que, al conjugarse con las consecuencias del cambio climático, resalta la necesidad imperante de abordar de manera integral las demandas de gobernabilidad, sostenibilidad y perspectiva de género en la atención al mundo rural.