Uno de los hitos de nuestro constitucionalismo lo constituye la acción de tutela como garantía de los derechos fundamentales, la cual, más que una acción, se ha constituido en una cultura para los colombianos. Esta cultura se ha creado en medio de un contexto paradójico y cruel, en el que nuestra sociedad ha padecido en medio del conflicto armado, la existencia de una democracia formal centenaria, la morosidad de la función judicial, la corrupción política y social, la exclusión e invisibilización de grupos sociales vulnerables, enfrentada a la expectativa de justicia y a la creencia de que el derecho y sus procedimientos pueden solucionar estos conflictos sociales. La cultura de la tutela desde su inicio con la Constitución de 1991 reivindicó la expectativa de justicia de todos aquellos sujetos y grupos de la sociedad sin nombre, sin capacidad, sin entidad jurídica, quienes comprendieron desde su regulación en el artículo 86 que sus voces podían ser escuchadas por medio de esta garantía de tipo informal, rápida y de contenido material.