La elección de nuestra jurisdicción de lo contencioso administrativo para definir los casos con base en la falla del servicio, cuando los hechos lo permiten para privilegiar este título de imputación, lo que refleja en la práctica son las nuevas exigencias del Estado Social de Derecho que obligan al administrador de justicia a darle una nueva mirada a la responsabilidad patrimonial, al sustraerlo de la forma como actuaba bajo el amparo de la visión individualista del Estado de derecho decimonónico y llevarlo a un escenario en el que se le exige ser más dinámico para buscar la realización de un orden justo. De allí que nuestro juez, actual- mente, por demanda de la misma Carta Política perciba la institución de la responsabilidad patrimonial con una visión más acompasada con el marco político de esta, lo cual le ha permitido derivar de la falla del ser- vicio otras funciones complementarias, sin desdibujar su naturaleza de compensar o reparar al dañado, para contribuir de esta manera, y ese es el ideal, a generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.