Nos enfrentamos en la actualidad al momento más crítico del proceso de convencionalización del Derecho disciplinario, por lo que se requiere una reforma seria, surgida de una verdadera política pública disciplinaria que se ajuste a nuestro diseño constitucional, cumpla con la obligación convencional y se adapte a las nuevas tecnologías de la información y a la transformación digital; esto es, una norma que garantice eficacia procesal con apoyo de avances tecnológicos, sin instrumentalizar al disciplinable.